La Discriminación y la Pobreza

La Discriminación y la Pobreza en el Perú:
Los pueblos indígenas andinos y amazónicos

Javier Aroca Medina



1. Antecedentes

Cerca de 40 millones de personas pertenecientes a cuatrocientas culturas diferentes distribuidas entre América Latina y el Caribe conforman la mayor parte de la diversidad cultural del continente. Sólo en el Perú, se estima que los indígenas y descendientes de indígenas son aproximadamente 10'000,000 de personas, cerca de la mitad de la población y en la Amazonía se estima en 200,000 los indígenas de 48 grupos étnicos diferentes.

En el pasado los indígenas fueron discriminados y llamados "salvajes", con una carga peyorativa que contrasta con los términos empleados en los últimos treinta años de "campesino", "nativo", "indígena" u “originario”.

Durante la república los indígenas continuaron siendo discriminados. Se suprimió el tributo y se prohibió que se usara el término “indios”. Luego Bolívar dictó el Decreto de abril de 1824, de nefastas consecuencias para los indígenas, que declaró que podían vender de cualquier modo las tierras que poseían, y disponía el fraccionamiento de las tierras comunales y el restablecimiento del tributo indígena. Los indígenas accedieron a la independencia política pero no a la económica y terminaron como siervos de los terratenientes.

La ley de reforma agraria de 1969 rebautizó a las comunidades de indígenas por comunidades campesinas, pero no se ocupó de las llamadas “tribus selvícolas”, que continuaron siendo vistas como “salvajes”. En los últimos treinta años, las organizaciones sindicales agrarias nacionales bloquearon el desarrollo de la dimensión étnica, censurando el término “indígena” y valorando más lo campesino. Una de las pocas excepciones fue el caso de AIDESEP, que tuvo en cuenta la dimensión indígena y que sufrió en carne propia los ataques de Sendero Luminoso y del MRTA, que afectaron a los pueblos ahaninka de la selva central.

2. La Discriminación en el Perú

Hoy en día, los pueblos indígenas siguen sometidos a la discriminación. Continúan enfrentándose a invasiones de sus tierras; son víctimas de etnocidio, del saqueo de sus recursos, de la discriminación cultural y la falta de reconocimiento de sus instituciones. Los indígenas viven bajo condiciones precarias, amenazados cultural, social y económicamente por procesos de desarrollo ajenos a sus formas de vida. El poder judicial continúa disponiendo el arresto de personas de estos pueblos bajo la sospecha de haber cometido algún delito, sin poder defenderse en su propia lengua ni aplicarse la legislación especial de la materia. Rara vez interviene cuando se denuncia un crimen contra un indígena andino o amazónico. Estos graves abusos de sus derechos aceleran la extinción de la diversidad cultural en el Perú.

La Constitución garantiza la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y de manera específica prohibe la discriminación fundada en el origen étnico, la raza, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones o la condición económica y garantiza los derechos de todos los ciudadanos a hablar su lengua. Sin embargo, la discriminación contra los indígenas andinos y amazónicos continúa existiendo y todavía deben enfrentar prejuicios sociales generalizados.

Muchos factores impiden que los pueblos indígenas puedan participar en la toma de decisiones de asuntos que afectan sus tierras, su cultura, sus tradiciones y la forma en que se utilizan los recursos naturales y por el contrario, estos factores favorecen su exclusión de esta toma de decisiones. La Constitución y una legislación posterior promulgada para implementar las disposiciones relacionadas con las tierras indígenas son menos explícitas en relación con su inalienabilidad y su condición de invendibles que anteriores garantías estatuían. La discriminación intensifica los sentimientos de inferioridad y la sensación de ser ciudadanos de segunda categoría. Muchos indígenas no cuentan con documentos tan básicos como una partida de nacimiento o una libreta electoral que normalmente los identificaría como ciudadanos y les permitiría jugar un rol activo en la sociedad.

Los pueblos indígenas continúan sufriendo las condiciones de la marginación y la exclusión social, y presentan los peores indicadores sociales y económicos, un escaso reconocimiento cultural y prácticamente sin mayor acceso a las instancias de decisión, aún cuando en este último punto hubo un intento del presidente Toledo al apelar a los derechos de los pueblos andinos y amazónicos. Dentro de la población indígena, la población bajo la línea de pobreza es comparativamente mucho mayor que en el caso de la población no indígena (79% a 50% en el caso de Perú).

Las dos principales organizaciones que representan los intereses de la población nativa de la Amazonía son la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). A ellos se suma la presencia nacional activa y destacada que ha alcanzado la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). AIDESEP y CONACAMI consideran que la minería y otras actividades extractivas (forestal y petrolera) están diseñadas en contra del desarrollo de los pueblos indígenas, que son fuente de mayor marginación y pobreza y que las comunidades no comparten ningún beneficio de estas actividades.

Los pueblos indígenas cuentan a su favor con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyas normas se incluye el concepto de territorio asociado al de pueblo, conceptos importantes para una comprensión integral de las sociedades indígenas. Estas nociones de pueblo y territorio son fundamentales para el reconocimiento de los derechos indígenas, pero son rechazadas por el gobierno y los sectores empresariales que ven alarmados que se pueda impedir la inversión privada y el florecimiento de las industrias extractivas.

Los peruanos de ascendencia indígena de la zona andina hablan aymara y quechua, idiomas que son reconocidos como oficiales. Asimismo, ellos son étnicamente distintos que los diferentes grupos indígenas que viven en la amazonía. Los maestros de escuela deben contar con un título que les confiera un estatuto profesional y los acredite como tales; esto creó el temor de que los maestros indígenas perderían sus puestos de trabajo y que el uso continuado del aymara y el quechua como idiomas utilizados para la enseñanza, así como la propia supervivencia de las culturas indígenas, están en peligro. Sin embargo, debido a que muchos maestros titulados no desean trabajar en las zonas rurales, los maestros aymara y quechua hablantes continúan en sus puestos.

La población nativa de la Amazonía debe hacer frente a la discriminación. La mayoría de las comunidades mantiene una relación espiritual con sus tierras y el concepto de que sea como un objeto que puede venderse es algo que les es ajeno. A pesar de esto, el único derecho que aún les concede la ley es el de la "imprescriptibilidad de sus tierras", lo cual evita que el título de tierras pueda ser entregado a algún ocupante no-indígena, por el simple hecho de que este haya vivido en esas tierras por un tiempo considerable.

Muchos otros factores también contribuyen a la marginalización de las personas indígenas dentro de la sociedad. Una infraestructura deficiente en el transporte y en las comunicaciones en la zona andina y en la región de la amazonía dificulta la movilización y la organización política. El aislamiento geográfico de buena parte de la población indígena y la centralización del aparato de gobierno en Lima limitan aún más el acceso y la participación de los indígenas en la sociedad.

En la amazonía la invasión de las tierras tiene diversos orígenes: colonos intentando ganarse la vida y obtener algún provecho y los últimos focos terroristas en busca de nuevas bases de operación e intereses financieros buscando recursos naturales explotables. Por ejemplo, existen más de 25 yacimientos petroleros y el gas de Camisea puede afectar vitalmente a los pueblos en aislamiento voluntario de la zona. De otro lado, numerosas empresas mineras transnacionales están operando en tierras pertenecientes a los indígenas dentro de la región andina y amazónica, lo que puede determinar la desaparición de sus comunidades.

En los últimos años, el Estado ha dado una baja prioridad a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas y a la consulta sobre asuntos que afectan su bienestar; durante el actual gobierno del presidente García, la actitud del Gobierno se ha puesto aun más intolerante con los derechos de los pueblos indígenas, desconociéndolos y señalando que defender sus derechos es la aplicación del dicho popular “el perro del hortelano, que ni come ni deja comer” (para el gobierno, dejar comer es dejar que las empresas extractivas se apoderen de los territorios de los pueblos indígenas, sin mayor consulta ni reconocimiento de derechos, en el nombre del progreso y desarrollo del país).

Los conflictos de las comunidades campesinas con la actividad extractivo minera tienen tres perspectivas: ambiental, social y económico. En promedio son 13 regiones del país que están en conflicto con la minería y vienen denunciando y exponiendo "los abusos" de las empresas mineras contra las de comunidades campesinas que se han visto impactadas por la actividad minera. En razón de la falta de mecanismos de concertación y diálogo que contribuyan a generar alternativas de solución. Los conflictos se extienden a lo largo del país, sin que hayan logrado resolverse, a pesar del anuncio de la creación de una comisión de alto nivel para resolver estos problemas.

3. Los retos del futuro

Sería importante que la sociedad tenga un mayor conocimiento acerca de la situación de los pueblos indígenas andinos y amazónicos y de las causas que origina la discriminación por razones de raza o etnia. Se podría explicitar este tema en el Acuerdo Nacional y en una futura Reforma Constitucional. Esto supone escuchar a las organizaciones de los pueblos indígenas y no sólo hablar en su nombre, demostrando voluntad política e instituciones que promuevan el respeto de sus derechos.

Es importante que se impulsen acciones relativas a la mitigación de la pobreza existente entre los pueblos andinos y amazónicos. Esto permitiría abordar las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas y su participación en el ejercicio del gobierno local y regional. Se podría sensibilizar a la sociedad y abordar el problema de la falta de representación en la vida pública.

También se debería abordar la cuestión de la seguridad en la tenencia de tierra. Se requiere promover una legislación que proteja los derechos de los pueblos indígenas y ayude al fortalecimiento de sus organizaciones.

Se deben realizar acciones encaminadas a apoyar la gestión de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, preservar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y fortalecer la producción y comercialización de productos artesanales tradicionales de las comunidades indígenas.

Y se necesita impulsar actividades tripartitas para promover la igualdad de oportunidades en el plano nacional, impulsando la realización de consultas a los pueblos indígenas acerca de la aplicación de los instrumentos nacionales e internacionales. Se podría buscar la aprobación de una ley contra la discriminación de los miembros de los pueblos indígenas. Una experiencia en este campo podría ser la revisión de mecanismos alternativos de control y de estándares en actividades extractivas para las comunidades afectadas por la minería que hagan justicia a estos pueblos.

Lima, 11 de marzo de 2009