Diálogo y no violencia

Diálogo y no violencia:

En el nombre del respeto a los pueblos indígenas amazónicos

Por Javier Aroca

El 9 de agosto las comunidades nativas iniciaron una protesta en varios lugares de la Amazonia en contra de la aprobación por parte del Ejecutivo de un conjunto de decretos legislativos que afectan sus derechos, fundamentalmente su derecho a la tierra. Aunque las movilizaciones en distintas ciudades de la selva alta y baja lograron que el Congreso derogara el 22 de agosto los decretos 1015 y 1073, que reducen los niveles mínimos de votación para que las comunidades campesinas y nativas decidan sobre sus tierras, todavía hay el peligro de que el Ejecutivo decida no aceptar el fallo parlamentario.
Esto es consecuencia de la aplicación de las ideas del presidente Alan García planteadas en un artículo publicado en octubre del año pasado el diario El Comercio, titulado “El síndrome del perro del hortelano” en el que afirma que “existen verdaderas comunidades (…), pero también comunidades artificiales, que tienen 200,000 Ha en el papel pero sólo utilizan agrícolamente 10,000 Ha y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador. Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey Toledo para arrinconar a los indígenas en las tierras no productivas”.
Lejos queda el pensamiento del mismo presidente García, quien en 1986, durante su primer gobierno, impulsó los “Rimanakuy” (asambleas) y conversó con los presidentes y jefes de las comunidades campesinas y nativas, sobre los principales problemas que hoy siguen plenamente vigentes.
Entonces, el presidente García decía a las comunidades: “Yo les digo aquí, en este evento histórico nunca ocurrido en el Perú, nunca ocurrido en la República, ni en el coloniaje, en esta reunión, por primera vez, de presidentes de comunidades, vamos a echar las bases de un trabajo. Todo esto es un proceso de lo que va a ser el despegue de nuestra agricultura, de nuestra comunidad, de las fuerzas sociales históricas profundas que ustedes tienen en sus manos”. (Rimanakuy de Piura, 1986).
Sin embargo, las ideas expresadas por el presidente García ahora no son nuevas en nuestra historia, se asemejan a las que existían hace más de 180 años en el Perú, cuando los indígenas fueron discriminados y llamados “salvajes”, olvidando que estuvieron primero en este territorio que luego fue conquistado por el imperio español.
En 1824 Simón Bolívar dictó el decreto del 8 de abril, que declaró que los indígenas podían vender de cualquier modo las tierras que poseían. Ese mismo decreto dispuso el fraccionamiento de las tierras comunales.
Esas medidas, a la larga, fueron perjudiciales para los indígenas porque se dijo que no tenían derecho a poseer tierras y se las arrebataron. Durante el siglo XIX se produjeron grandes despojos de tierras indígenas. Fue tan grave la situación, que surgieron movimientos —como el de Pedro Atusparia— que se sublevaron y fueron cruelmente reprimidos.
La Constitución de 1920 reconoció la existencia de las comunidades de indígenas y declaró que sus tierras estaban protegidas por un régimen especial. Han pasado los años, y los indígenas más ancianos deben estar sintiendo una especie de “déjà vu”, la sensación de haber vivido esto antes porque la historia se está repitiendo: los indígenas observan ahora con temor la posibilidad de que nuevamente se les despoje de sus tierras.
Como se puede verificar, la pérdida de sus territorios —esenciales para su modo de vida— ha sido una constante en la historia indígena en el Perú. La búsqueda para que se respeten sus derechos está en la base de los reclamos de las organizaciones indígenas.
Este es un momento delicado, que pone en evidencia una serie de desencuentros entre los indígenas y el resto de la sociedad peruana. Mientras que la inmensa mayoría de peruanos ven a la tierra, los bosques, el agua, al subsuelo sólo como recursos económicos, para los indígenas son bienes comunales que no sólo deben ser explotados sino también protegidos.
Al mismo tiempo, mientras que el sistema legal los reconoce sólo como propietarios del suelo, los indígenas conciben que su territorio abarca no sólo la tierra sino también el agua, el aire, los bosques, los animales e incluso los minerales, el petróleo y el gas.
El Estado necesita llegar a acuerdos con los indígenas sobre estos puntos, de lo contrario lo más probable es que los conflictos continúen. Los pueblos indígenas merecen respeto. Éste es momento de reflexionar si, a la larga, el país se beneficia más al favorecer el crecimiento económico, la consolidación de propiedades privadas, las concesiones mineras y de hidrocarburos, la intensa actividad forestal, o si es necesario que escuchemos con seriedad lo que los indígenas tienen que decir con relación al manejo de recursos.
Es pertinente preguntarse si beneficiar únicamente a los inversionistas no es contraproducente para el interés nacional, que incluye el de los pueblos indígenas amazónicos. Esta situación necesita ser atendida por las autoridades del gobierno con madurez, en democracia. El camino siempre debe ser el del diálogo y no la violencia.