martes, 2 de septiembre de 2008

El agua vale tanto o más que el oro

El agua vale tanto o más que el oro

Javier Aroca (1)

El Perú es uno de los países con mayor abundancia de recursos naturales que vive una etapa de expansión de las industrias extractivas como la minería metálica, el gas y el petróleo (2). Se ha reforzado el modelo de desarrollo basado principalmente en la extracción de materias primas, particularmente mineras para la exportación. Como resultado, los compromisos de inversión minera en el 2007 superaron los 10 mil millones de dólares. En el sector de hidrocarburos el panorama ha sido similar, especialmente por las enormes expectativas generadas por la explotación del gas de Camisea (lote 88), acrecentadas por el anuncio de que se han encontrado 2 trillones de p3 de gas en el lote 57, próximo a Camisea, lo que equivale a un incremento del 20% en las reservas certificadas y que, para algunos cálculos optimistas, aseguraría un horizonte de 40 años para el consumo local.

Sin embargo, lo que pocas veces se revela es que las industrias extractivas se desarrollan en áreas rurales, con frecuencia habitadas por comunidades indígenas, donde hay preocupación por la contaminación en el agua. “El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos” (3). Según algunas estimaciones, una sola mina de cobre puede utilizar alrededor de 1,500 litros por segundo en la explotación de agua, cuando toda la población de Lima en su conjunto usa 2,000 litros por segundo. Esta es una de las razones por las que las mineras mantienen conflictos con las comunidades.

Desde la perspectiva de las comunidades, la explotación extractiva produce mínimos beneficios, pero sí daños que amenazan sus medios de vida. Las industrias extractivas generan ganancias pero éstas no llegan a la gente que vive en las comunidades circundantes. Si no se adoptan medidas apropiadas, en menos de una década se pueden secar los manantiales que existen en las comunidades aledañas como resultado de la explotación minera de oro, plata y cobre, con la seria amenaza de contaminar las microcuencas que abastecen de agua.

No se trata de oponerse a las industrias extractivas, sino de considerar que esta actividad se debe realizar respetando los derechos humanos y el medio ambiente; con responsabilidad social.

Pensamos que una buena manera de desarrollar la actividad extractiva es, precisamente, tratando de que no se contamine el agua. Por ejemplo, se podría diseñar e implementar los proyectos mineros de modo tal que minimicen las perturbaciones al medio ambiente. También es importante que las comunidades, directamente afectadas por el método propuesto para eliminar los deshechos de las minas (sobrecarga, relaves, etc.), tengan el derecho de negociar con las empresas sobre el método a utilizar y el derecho a evitar que el procedimiento para eliminar los deshechos se active hasta que todos acuerden el uso de un método satisfactorio.

Actualmente, hay operaciones que aplican métodos extractivos que necesitan grandes cantidades de agua, donde el cianuro utilizado en el proceso no se descompone del todo; en consecuencia, las empresas y el propio estado deben observar los estándares más elevados de manejo ambiental. Se debe aplicar el principio de precaución ambiental, según el cual, las empresas deben asumir el costo de utilizar tecnologías adecuadas al medio ambiente y no utilizar tecnologías que puedan poner en riesgo la seguridad o sostenibilidad de las comunidades.

Las empresas deben mantener un sistema de monitoreo ambiental, incluyendo los sistemas hídricos, y contar con mecanismos rigurosos. Es necesario mejorar el marco legal para afrontar los diversos conflictos socio ambientales provocados por las industrias extractivas, especialmente los pasivos ambientales producidos por las empresas mineras. Es urgente instaurar la autoridad ambiental independiente como lo han recomendando tantas veces la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil.

Las comunidades rurales denuncian que, el agua está contaminada y que se está secando. En varios casos (Tambogrande, Majaz, La Oroya, Tintaya, Camisea, Quellaveco, Cerro Verde, Río Corrientes, etc.), las quejas de las comunidades se repiten. Varios estudios hídricos son consistentes en señalar que se presentan niveles altos de contaminación de cobre, arsénico, cadmio y plomo en el agua que las comunidades consumen.

Hay pocas historias de éxito que validen una teoría sostenida por el sector privado, que la explotación temporal de recursos no renovables es “la chispa que enciende” el progreso para beneficio de las economías locales. Sería conveniente hacer el seguimiento de algunos asuntos para vigilar que se cumplan los compromisos ofrecidos y averiguar si se convierten en historias exitosas, por ejemplo, a la planta de procesamiento de agua de la fundición de La Oroya; la planta instalada por Southern que busca reducir la emisión de azufre en Toquepala; el procedimiento que emplea la mina Tintaya para el mejor uso del agua; y, los micro reservorios de agua que Yanacocha ha construido en Cajamarca. Los compromisos de la empresa petrolera con las comunidades nativas ubicadas en el Río Corrientes. El gasoducto de Camisea. El agua vale tanto o más que el oro. El tiempo dirá si el gobierno y las empresas atendieron estas sugerencias.


Notas:

(1) Javier Aroca, abogado especialista en derecho de pueblos indígenas.
(2) Banco Mundial “Análisis Ambiental del Perú (AAP): Retos para un Desarrollo Sostenible”. Resumen Ejecutivo, Lima, 2007.
http://siteresources.worldbank.org/INTPERUINSPANISH/Resources/Resumen_Ejecutivo_FINAL_publicado_corregido_Junio_11.pdf
(3) Véase en: Cuestiones Sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002). El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).