Para reformar la empresa privada: el caso de las mineras

Para reformar la empresa privada: el caso de las mineras

Javier Aroca

En septiembre del 2008, la Defensoría del Pueblo reportó 161 conflictos sociales en el país; varios de ellos en zonas mineras, afectando importantes operaciones de empresas privadas. Los problemas que se hallan a la base de estos conflictos son la falta de confianza entre los actores; las expectativas generalmente insatisfechas de poblaciones que esperan ser beneficiadas por la actividad minera a la cual perciben como su más cercana posibilidad de mejorar su condición ante la débil presencia del Estado y la falta de suficiente conocimiento por parte de las propias empresas del entorno y de los aspectos sociales y culturales de las comunidades.

Muchas veces, la falta de confianza hacia las empresas se debe a la falta de comunicación de los tributos que pagan las empresas mineras: alrededor de la tercera parte de sus rentas y, de eso, la mitad se destina al canon. Sin embargo, la población no culpa al gobierno sino a las empresas por la falta de capacidad de gasto eficiente en obras que tanto se reclaman. Para que esa distorsión empiece a cambiar, hace falta lograr que aumente la confianza entre los diferentes actores y, una forma de hacerlo, es mediante la adopción y práctica de políticas de responsabilidad social empresarial.

El respeto a los derechos humanos implica reconocer que la responsabilidad social empresarial tiene que ver con la toma de decisiones vinculadas a valores éticos, salud, seguridad ocupacional, prácticas laborales, respeto a las personas y al medio ambiente. Las empresas deben asumir que están legalmente obligadas a respetar los derechos humanos bajo las prácticas corporativas de la responsabilidad social.

Tradicionalmente, las empresas se debían a sus accionistas. Pero, en los últimos años, se han dado cuenta que también tienen que responder a un amplio número de públicos: accionistas, clientes, trabajadores, administración, comunidades locales del entorno, la sociedad en general, proveedores y medios de comunicación. Y es que las decisiones de las empresas cada vez tienen mayor profundidad y ámbito de influencia en la vida de miles de personas. Esto supone un desafío a la legitimación social de las empresas. Hacer esto puede constituir una verdadera reforma en la cultura organizacional de las empresas en el país, lo que favorecerá el cambio de su imagen pública y de su comportamiento en la comunidad. Para que sean más estimadas, las empresas deben ser coherentes con sus culturas organizacionales, de tal suerte que generen una imagen de empresas creíbles y consistentes. Su relación con el entorno debe adoptar una nueva perspectiva, mayores oportunidades y un rol más activo en la construcción de un mejor país. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que una empresa tome conciencia de su responsabilidad social y actúe consecuentemente, es relevante. Eso les permitirá cohesión interna, mayor motivación a sus propios trabajadores, prestigio, mejor imagen, nuevos clientes, fidelización de sus actuales clientes y justificiacion de sus incentivos fiscales.