Minería, Hidrocarburos y Comunidades Indígenas: ¿Qué respuestas tiene el Derecho a los conflictos socios ambientales?

Minería, Hidrocarburos y Comunidades Indígenas: ¿Qué respuestas tiene el Derecho a los conflictos socios ambientales?
América Latina
Se ha favorecido para el corto plazo, la exportación de materias primas de bajo costo a expensas de opciones alternativas que incluyen la industrialización nacional. En la última década la región ha experimentado la expansión de las industrias extractivas como la minería metálica, el gas y el petróleo, favorecida por la demanda de metales y combustibles para la gran industria China y las emergentes economías de los países BRIC, así como por el alza sin precedentes en los precios internacionales de los metales y el barril de crudo de petróleo, generando un falso e insostenible bienestar en los países productores.
Industrias Extractivas y Comunidades Indígenas
El incremento de la explotación minera, petrolera y del gas, favorecida por el Estado por sobre los intereses de las comunidades indígenas, ocupa cada día más áreas habitadas por comunidades indígenas. Un estimado de 70% de la producción mundial de cobre se extrae de territorios de pueblos indígenas. En el Perú, 30% de las comunidades andinas afronta concesiones mineras dentro de sus territorios. En la actualidad, más de 150 lotes hidrocarburíferos cubren más de 650,000 km2 en la Amazonía oriental, lo que representa más de las dos terceras partes de la Amazonía ecuatoriana y peruana. En el Perú, existen 18 lotes que se yuxtaponen a 13 Áreas Naturales Protegidas y 4 reservas territoriales y cientos de comunidades nativas (algunos de pueblos en aislamiento voluntario).
Industrias Extractivas y Comunidades Indígenas
En el Perú se han incrementado las concesiones mineras en la selva peruana. En Bolivia más de 100 comunidades andinas han reportado daños directos provenientes de la contaminación química causada por las actividades mineras. Las concesiones de petróleo y gas cubren cerca de 18% de la Amazonía boliviana. En Ecuador, las zonas petroleras, sobre todo en la Amazonía, fueron divididas en 25 "bloques", que se han otorgado en concesión a una variedad de compañías transnacionales y a la estatal PetroEcuador. En general, el impacto de estas actividades sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones locales, sobre todo indígenas, ha sido considerable y ello ha generado situaciones de tensión y conflicto entre algunas comunidades indígenas, las empresas petroleras y el estado .
Problemática
Un total de 50 países del mundo se caracterizan por su dependencia de la exportación de hidrocarburos y minerales. Juntos registran 1,500 millones de habitantes que viven con menos de dos dólares al día. La distribución del ingreso en estos países es excepcionalmente sesgada en comparación con países pares con Producto Bruto Interno (PBI) similares pero menor dependencia de la exportación de materias primas.
En el periodo 1960 – 2000 los países en vías de desarrollo con recursos naturales limitados mostraron consistentemente un incremento del PBI per cápita de 200% a 300% más alto que otros países con amplios recursos naturales.
La lista de países pobres altamente endeudados (HIPC, sigla en inglés) incluye 12 países dependientes de minerales y seis países dependientes del petróleo; todos con los más bajos puntajes en la lista del Índice de desarrollo humano del PNUD. Bolivia se uno de los países latinoamericanos que aún forma parte de de esta lista.
Es menos probable que los países dependientes de exportaciones de minerales e hidrocarburos alcancen las Metas de Desarrollo del Milenio, puesto que la mayoría de ellos carece de acceso a fuentes de agua potable, o más bien padece tendencias aceleradas –antes que decrecientes- en mortalidad maternal y de infantes, como también creciente incidencia de VIH/SIDA.
Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidades 2007 – 2008 Perú, Ecuador y Bolivia continúan presentando un desarrollo humano medio: pobreza humana y de ingresos. Perú ubicado en el puesto 28 en clasificación de IDH aún mantiene altas tasas de pobreza para la población indígena (70% aproximadamente de las mujeres y hombres indígenas es clasificado como pobre, y más de la mitad de ellos como pobres extremos). Bolivia, ubicado en el puesto 32 del IDH, los índices de pobreza extrema afecta a 62% de su población indígena. En Ecuador, la población indígena está compuesta por 14 nacionalidades oficialmente reconocidas, y se estima que representa el 30% de la población total.
Estos ejemplos confirman la paradoja de la “maldición de los recursos”, es decir que los estados dependientes de las ganancias del petróleo, gas y minería son más propensos al conflicto, a la poca gobernabilidad y a un crecimiento económico reducido, que aquellos sin tales recursos. Perú, Ecuador y Bolivia no son la excepción. Si bien estos países recibieron en efecto ingresos fiscales adicionales de la explotación de la minería y los hidrocarburos entre 1992 y el 2005, gracias a la inesperada ganancia por los altos precios de exportación, ambos muestran un incremento real del número de ciudadanos que vive con menos de dos dólares al día.
A la creciente presión sobre los recursos naturales, en particular agua y tierra, por estos procesos, se suman los conflictos derivados por los impactos ambientales y sociales y la percepción que las actividades extractivas no generan desarrollo. Es por ello que desde la perspectiva de las comunidades, la minería y las actividades hidrocarburíferas, produce beneficios limitados.
Las ganancias económicas que generan no llegan a la gente que vive en las comunidades circundantes. Los mecanismos existentes como el canon y las regalías, que deberían servir como compensación por daños y una contribución al desarrollo local, en muchos casos son ineficientemente utilizados por los gobiernos locales en obras no prioritarias. A la falta de capacidades para la gestión, el uso del canon y las regalías vienen generando conflictos entre las comunidades que se consideran legítimamente beneficiarias.
Las rentas generadas por las actividades extractivas han propuesto un nuevo reto a estos países. Las reformas en la estructura del Estado necesarias para el manejo administrativo de estos recursos han comenzado. En el Perú, el fortalecimiento de los gobiernos regionales y el proceso de descentralización de competencias, representan los mejores ejemplos del camino a seguir. Sin embargo, el principal inconveniente es la falta de capacidades y concertación para el desarrollo sostenible.
Empresas extractivas
América Latina presenta un amplio espectro de industrias extractivas, desde tradicionales a hipermodernas. La explotación del petróleo y el gas está exclusivamente a manos de grandes empresas (principalmente extranjeras), junto con su procesamiento y transportación: la propia naturaleza del negocio deja muy poco espacio para las pequeñas empresas. De otro lado, la minería presenta un amplio espectro en organización y dirección, desde artesanos individuales y cooperativas locales (que recogen oro, carbón, plata, estaño y tungsteno), empresas familiares, a empresas conjuntas nacionales e internacionales, muchas de las cuales incluyen corporaciones transnacionales.
Las empresas transnacionales establecidas desde 1990 se han vuelto de lejos el segmento más importante en términos de cifras de exportación e ingresos tributarios. No todas son igual de grandes. Unas cuantas empresas pequeñas exploran con moderna tecnología, identifican algunas localidades excepcionalmente prometedoras, hacen el papeleo para las concesiones, y luego las venden a una empresa más grande a cambio de una ganancia rápida. Las empresas pioneras tienden a ser particularmente agresivas en sus tratos con las comunidades, pero algunas de ellas carecen de la experiencia que caracteriza a las grandes compañías.
Responsabilidad Social
Una tendencia positiva reciente de varias empresas multinacionales es su motivación a observar y aplicar estándares de responsabilidad social corporativa y a ser percibidas como tales. En la actualidad esta noción tiende a generar confusión al significar diferentes cosas para diferentes actores. No obstante, este interés sirve como un posible punto de entrada para forjar nuevos modos de compromiso y explorar nuevas formas no confrontacionales de cambiar el status quo. De manera general, las buenas prácticas empresariales son mínimamente replicadas por otras empresas.
Se percibe que las empresas han comenzado a afinar sus relaciones con la población, compuesta casi exclusivamente por aquel círculo crítico caseríos o comunidades que se encuentran justamente al lado de la zona de operaciones. Son estos caseríos o comunidades donde las empresas consideran que sus estrategias comunicacionales deben fortalecer los vínculos entre comunidad y empresa, bajo una perspectiva de shareholder, ya no de stakeholders. Es posible afirmar que las comunidades reciben información de parte de las empresas y sus operaciones, pero esta es insuficiente y selectiva.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) constituye un fenómeno relativamente nuevo en América Latina. Existen algunas entidades que hacen seguimiento al tema. El Instituto Ethos de Brasil, Acción Empresarial de Chile, la organización mexicana Cemefi, Perú 2021, y Empresa, la organización cuya sede central está en Sao Paulo y que trata de vincular internacionalmente a organizaciones nacionales y promover el establecimiento de organizaciones nacionales allí donde no existen. Estas organizaciones han establecido una red con ONG, agencias gubernamentales, organizaciones multilaterales, universidades (como Harvard y John Hopkins), centros de reflexión (think tanks), centros de investigación y fundaciones. Ellas participan, promueven y albergan conferencias y talleres nacionales e internacionales.
También es relevante mencionar a la Red Puentes, una alianza internacional constituida por organizaciones sociales de América Latina y Europa, para promover el desarrollo de los conceptos e instrumentos de Responsabilidad Social Empresarial en América Latina, desde la perspectiva de la sociedad civil.
¿Qué es Responsabilidad Social Empresarial? No existe una definición totalmente aceptada sobre el significado de la responsabilidad social empresarial (RSE). Una definición empleada por Business for Social Responsibility (BSR) dice que “ La RSE se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa.
Tres conceptos claves sustentan estas definiciones:
La relevancia social de una empresa. La responsabilidad social implica que una empresa cumple en la sociedad un papel que va más allá de su mera función económica.
Gestión de impactos. Las empresas deben identificar y asumir responsabilidad sobre el espectro total de impactos que genera su cadena de valores, por ejemplo, desde la compra de materia prima hasta el uso del producto final por el consumidor.
Consulta y comunicación con públicos interesados. Cada empresa posee un conjunto de públicos interesados. Si la empresa tiene relevancia social, los intereses, expectativas y preocupaciones de sus públicos interesados, además de los de la empresa, definen las responsabilidades sociales de la misma.
¿Cuáles son los temas claves de la RSE? La responsabilidad social empresarial comprende varios temas. Idealmente, la empresa que aspire a ser socialmente responsable deberá considerar todas estas dimensiones cuando diseñe su propia estrategia de responsabilidad social.
Ética, Valores y Principios de los Negocios. El primer paso que debe tomar una empresa para desarrollar una estrategia de responsabilidad social es definir con precisión los valores que rigen sus negocios. Con la importancia que cobra la RSE, la ética corporativa ha pasado del énfasis tradicional en el mero cumplimiento de las exigencias legales, hacia la adopción de un código ético basado en los valores.
Derechos Humanos, Trabajo y Empleo. Esta es quizás la dimensión más desarrollada de la responsabilidad social empresarial, debido a la temprana evolución de los estándares formulados en 1919 por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los cuales son internacionalmente aceptados. Los estándares de trabajo de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se consideran las bases de esta área, y se incorporan dentro de los códigos de conducta más confiables.
Gobernabilidad Corporativa. La gobernabilidad corporativa se define como el conjunto de prácticas, políticas y mecanismos que usa una empresa para administrarse a sí misma y tiene que ver especialmente con la manera como la junta directiva cumple con las responsabilidades que tiene frente a sus accionistas y públicos interesados. La gobernabilidad corporativa ha adquirido relevancia conjuntamente con la preocupación pública por el creciente poder de las empresas. Entre los temas claves de la gobernabilidad corporativa se encuentran la capacidad de rendir cuentas de sus actividades, la consecuente responsabilidad, el monitoreo, la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones legales.
Ambiente. Existen estrategias diversas y bien desarrolladas para manejar el impacto ambiental directo de las empresas. Esas estrategias se enfocan, tradicionalmente, a administrar los recursos naturales, a controlar la contaminación, a manejar los desechos y a gerenciar el ciclo de los productos. El tema ambiental, que es un componente intrínseco del diálogo sobre responsabilidad social empresarial, busca que las empresas vayan más allá de la mera administración de sus impactos ambientales y que reconozcan cómo dichos impactos inciden en los problemas ambientales y sociales del entorno.
Cadenas de Proveedores y Productos. La responsabilidad social insta a las empresas para que además de reconocer y manejar sus propios impactos y responsabilidades directas, descubran de qué manera sus negocios generan impactos sobre todo el ciclo de productos (o cadena de valores), desde el proveedor de materia prima hasta el consumidor final.
Filantropía hacia Inversión Social. Muchas compañías han descubierto que una política “filantrópica” paternalista y estrecha, basada en realizar donaciones en dinero, no responde a lo que el público espera de ellas en materia de responsabilidad social empresarial, ni garantiza que esas contribuciones voluntarias produzcan resultados sostenibles.
Desarrollo Económico, Salud y Educación. La RSE motiva a las compañías a que busquen nuevas formas para ayudar a resolver los problemas sociales y económicos que enfrentan sus públicos interesados.
Capacidad para rendir cuentas y apertura a la verificación externa. Al igual que sucede con los principios inherentes a la gobernabilidad corporativa, la RSE insta a las compañías a asegurarse de que todos los niveles de la jerarquía de la empresa —desde los empleados hasta la junta directiva— adopten los principios establecidos y se responsabilicen de su cumplimiento. Los sistemas a través de los cuales se gobierna la empresa, deberán darles seguimiento a las acciones tendientes a alcanzar las metas en materia de RSE y medir y reportar sus efectos.
Comentarios finales
Las empresas mineras no pueden funcionar siendo ajenas a las necesidades de las comunidades vecinas a su entorno, que en realidad son parte de sus negocios. La tendencia hacia el desarrollo de acciones de RSE, cada día crece en todos los segmentos del mercado. La experiencia que compartimos se basa en el seguimiento del tema de las industrias extractivas, particularmente de la responsabilidad de las empresas mineras en el Perú. Por ello, las ideas que aquí comento se refieren a esta experiencia y, tal vez, algunos de estos principios pueden ser aplicables a aquellas empresas que quieran cumplir realmente con su responsabilidad social empresarial:
Negociando con propietarios de tierras tradicionales. Creemos que las empresas mineras deberían respetar los derechos de los propietarios tradicionales para negociar acuerdos sobre la exploración y explotación minera en sus tierras, y su derecho a decidir sobre esas propuestas para ver si están o no están de acuerdo. Las negociaciones deben realizarse con permiso para que una empresa explore o explote en sus tierras y no transferir su propiedad a la empresa. Las empresas deben consultar con los propietarios tradicionales desde el inicio de cualquier actividad propuesta (por ejemplo, exploración o explotación minera). Las consultas deben ser abiertas y transparentes para que los propietarios estén informados para poder negociar si es que aprueban o no una propuesta de exploración o explotación y sobre cualquier tema de preocupación.
Reasentamiento y rehabilitación de las comunidades. Las personas tienen derecho a un medio de vida que les permita alcanzar sus necesidades básicas. Ya que la minería induce a desplazar y restablecer a las poblaciones existentes, amenaza seriamente este derecho, por lo tanto las operaciones mineras deben ser diseñadas para que se minimicen los reasentamientos o se eviten, donde sea posible. Si se tiene que desplazar personas, entonces aquéllos afectados deben tener el derecho de negociar cómo se llevará a cabo el reasentamiento y la subsecuente rehabilitación, y prevenir que prosiga hasta que, o a menos que se llegue a un acuerdo que es aceptable para ambos lados.
Minimizando impactos ambientales. Los proyectos mineros deben diseñarse e implementarse en forma tal que la alteración al ambiente físico sea mínimo. Las personas que dependen del ambiente físico (tierra, agua, bosque) para su sustento o bienestar no deben tener este sustento o bienestar amenazado. Las personas quienes serán directamente afectadas por la propuesta del método de desecho de los desperdicios (sobrecarga, relaves, etc.) de la mina deben tener el derecho de negociar con la empresa sobre que método debe utilizarse y la manera correcta de desechar los desperdicios (y por lo tanto las operaciones de la mina) hasta que se acuerde un método común por todas las partes.
Compensando a aquéllos que sufren pérdidas. Cualquier grupo, individuo o comunidad que sufre la pérdida de sus bienes, ingresos o comodidades como resultado directo de las operaciones de la empresa minera debe recibir compensación de la empresa. Esto incluye:
Aquéllos cuya tierra o propiedad es dañada por las operaciones mineras;
Aquéllos que pierden la fuente de sus ingresos tal como trabajo, acceso a productos forestales, o al derecho de vincularse con la minería de pequeña escala;
Aquéllos que pierden el acceso al agua, peces, etc. como resultado de la contaminación de los pasos de agua por las operaciones de la empresa;
Evitando abusos contra los derechos humanos. Cualquiera que viva cerca de una mina tiene el derecho de vivir libre de la amenaza de la violencia. Las empresas mineras no deben iniciar, alentar o involucrarse en acciones con la policía o las fuerzas armadas del país anfitrión, que probablemente conlleven a abusos de derechos humanos. A pesar que las empresas tienen el derecho de protegerse a sí mismas, a su personal y su propiedad, éstas no deben depender de la acción de la policía o las fuerzas armadas para solucionar problemas relacionados con la comunidad y deben desalentar activamente a los gobiernos anfitriones de usar tales métodos. Donde se hayan deteriorado las relaciones con la comunidad al punto que existe amenaza de daño o violencia, la respuesta básica debe ser la negociación, no la fuerza, para solucionar la situación.
Provisión de empleos y servicios. Las empresas deben aceptar que tienen la obligación de ofrecer empleos, servicios y otros beneficios de desarrollo y que deben diseñar los proyectos para maximizar estos beneficios directos hacia las comunidades en el área minera, quienes deben soportar la mayoría de los impactos negativos. Los proyectos mineros deben ser diseñados para crear la máxima cantidad de empleos para la población local. Los habitantes originales deben tener preferencia sobre los nuevos o sobre los que vienen de afuera cuando se distribuyen los empleos.
Protegiendo los derechos de las mujeres. En la mayoría de las sociedades, las mujeres están en una posición social y económica desventajosa. La exploración y actividades mineras, deben ser diseñadas para asegurar que las mujeres no sean más marginalizadas ni incrementen su ya pesada carga. Las mujeres tienen el derecho de ser libres de discriminación y hostigamiento. Las empresas deben asegurar que, desde el inicio, los puntos de vista de las mujeres sean escuchados en el área del proyecto, y que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta en el diseño del proyecto, al igual que en su implementación.
En síntesis, las empresas extractivas deberían aplicar los más altos estándares de responsabilidad social empresarial, según las directrices de las instituciones financieras internacionales y organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID; el Consentimiento Previo Libre e Informado; la Iniciativa Global del Global Compact; la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas; los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos; etc.